Eric Loomis fue detenido en 2013 y se le acusó de varios delitos, entre ellos haber participado en un tiroteo. Si bien negó haber tenido implicación alguna con dicho tiroteo, sí se confesó culpable de los delitos de conducción de vehículo ajeno sin autorización para ello y de puesta en peligro de la seguridad pública, tras haber aceptado un acuerdo con la fiscalía de conformidad con el cual aceptaría ambos cargos y rechazaría los otros de los que se le acusaba. El juez correspondiente aceptó la conformidad del señor Loomis y para la determinación de la pena asociada a tales conductas tuvo en cuenta un informe que contenía, entre otros datos, la valoración del riesgo de reincidencia arrojada por la herramienta COMPAS. En la medida en que esta herramienta algorítimica arrojaba una valoración de riesgo alto de reincidencia el juez impuso la pena de 6 años de prisión y otros 5 de libertad bajo supervisión tras el cumplimiento de la condena. El juez además indicó que uno de los factores que había tenido en cuenta para tal imposición era precisamente los resultados arrojados por COMPAS. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Wisconsin, puesto que el acusado entendía que se había vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías por varias razones: la primera es que debido a que tal algoritmo está protegido bajo un secreto comercial, el acusado no tuvo acceso en ningún momento a tal herramienta para poder saber cómo la misma había funcionado en su caso, qué variables había tenido en cuenta y cuáles de ellas habían tenido el peso necesario para arrojar dicha valoración y, en consecuencia, no tuvo la oportunidad de refutar la validez científica de la misma; la segunda es que al aplicar tal herramienta se le estaba privando de su derecho a obtener una sentencia individualizara; y, también que el género, variable tenida en cuenta por la herramienta, había sido tenido en cuenta indebidamente y de forma que le perjudicaba. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Wisconsin consideró que a pesar de todo ello no se había vulnerado su derecho a obtener un proceso con todas las garantías. Más allá de los análisis que merece este caso en particular, lo que es cierto es que este caso sentó precedentes en aquella latitud y ha puesto en alerta también a los expertos de nuestro entorno que ya analizan el alcance y los límites de estas herramientas de justicia algorítmica, tendiendo en cuenta que, por un lado, ya se están aplicando algunas herramientas de valoración del riesgo en España (como RisCanvi en Cataluña o VioGen en toda España) y, por otro, que sin duda alguna es hacia donde se dirige nuestro sistema de justicia penal. En esta discusión y reto al que se enfrenta el sistema de justicia penal se aglutinan cuestiones requeridas de análisis y discusión como los sesgos de las herramientas algorítmicas, la validez científica de las mismas, la afectación de derechos fundamentales en su aplicación o cómo debemos abordar la cuestión de la justicia algorítima. Todas estas cuestiones fueron abordadas en el Webinar ‘El sistema de justicia penal ante el reto de la Inteligencia Artificial’ en el que intervinieron los expertos más reputados en esta temática tanto a nivel nacional como internacional. Así, en este webinar podrán visualizar y escuchar al profesor Christopher Slobogin de la Universidad de Vanderbilt (Tennessee, EEUU); Kelly Hannah-Moffat de la Universidad de Toronto (Canadá); Asier Urruela de la Universidad de Zaragoza y a Lucía Martínez Garay de la Universidad de Valencia.