Introducción

América Latina es, sin duda, una de las regiones más violentas del mundo. Según el Global Study on Homicide, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019), la tasa mundial de homicidios es, para el año 2017, de 6,1 muertes por cada 100.000 habitantes. En las Américas, para el mismo periodo, esta tasa es de 17,2 por cada 100.000 habitantes, lo que corresponde a unas 173.000 víctimas en un solo año. Siendo sólo el 14% de la población mundial, en América Latina se producen más del 37% de las muertes violentas de todo el mundo.

Es importante señalar que un análisis de 68 ciudades de 66 países muestra una reducción media del 34% en las tasas de homicidio entre 2003 y 2016. Sólo en las Américas, para el mismo periodo, la disminución media fue del 29% en las 17 ciudades más grandes, mientras que la tasa de homicidios nacional creció un 2% en este periodo. Aun así, Brasil se encuentra entre los países más violentos de Sudamérica con una tasa de 30,5 muertes por cada 100.000 habitantes, solo superada por Venezuela con una tasa de 56,8 muertes por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2019).

Son varios los factores que hacen que un análisis detallado de la violencia en esta región sea complejo. Entre ellos se encuentran la disparidad en las terminologías utilizadas o en las definiciones de los delitos pero, sobre todo, en la disponibilidad de datos de seguridad pública. Debido a la falta de bases de datos sobre delitos violentos que permitan comparaciones entre países, especialmente en América Latina, la información sobre homicidios suele utilizarse para establecer algún nivel de valoración del problema en términos regionales y globales (Bergman y Whitehead, 2009).

Una alternativa a esta falta de acceso y compatibilidad de los datos sobre delitos violentos, especialmente de forma desagregada para el caso de las ciudades, es el uso de encuestas de victimización. Entre otros objetivos, esta modalidad pretende evaluar y validar los patrones y tendencias de las estadísticas oficiales que retratan los delitos denunciados (conocidos) ante los organismos policiales y estimar el subregistro de delitos, es decir, la proporción de delitos ocurridos y no denunciados. Mediante estas encuestas, también es posible evaluar los daños indirectos de la violencia en una sociedad. Por ejemplo, los altos niveles de violencia repercuten negativamente en la escolarización y otros atributos sociales, reduciendo las oportunidades, sobre todo de los jóvenes, de acceder a los servicios y participar en el mercado laboral, limitando el uso de los espacios públicos por miedo a la delincuencia y elevando significativamente los costos económicos destinados a la seguridad, por citar solo algunos ejemplos.

Si bien las investigaciones recientes han reflejado una mejora en la información sobre los patrones, tendencias, causas y consecuencias del homicidio en el contexto latinoamericano, todavía existe un gran vacío sobre la necesidad de examinar con mayor detalle la violencia en la región, más allá de los datos sobre homicidios y de las encuestas de victimización descontinuadas y puntuales. Esto sigue siendo un desafío importante para los estudios criminológicos en los países de la región. Como afirma el IDB (InterAmerican Development Bank), “las bases de información son necesarias para que se pueda avanzar en el alcance de las propuestas empíricas, así como para efectuar pruebas de teoría más sofisticadas. Sin este conocimiento no tendremos acción efectiva y consecuente” (IDB, 2005).

La falta de información de calidad disponible para llevar a cabo eficazmente la investigación en la región conduce a la incertidumbre sobre lo que realmente ocurre en el territorio y dificulta la propuesta de políticas públicas enfocadas a la prevención del delito, así como la actuación de la policía según criterios científicos. Como señaló Rubio: “el diagnóstico de este fenómeno y el diseño de políticas pertinentes se enfrenta desde el inicio al problema de la medición y observación, cuya gravedad parece ser proporcional a los niveles de violencia” (Rubio, 1998).

En este artículo pretendemos mostrar la importancia del acceso a bases de datos de calidad sobre la violencia y la delincuencia, así como la disponibilidad de información que puede apoyar a las organizaciones policiales en su planificación operativa, táctica y estratégica. En este sentido, el análisis del delito se presenta como una herramienta capaz no sólo de producir diagnósticos de la delincuencia, sino también de ampliar la forma tradicional de gestión de la Seguridad Pública, basándose en datos e informaciones que orienten la actuación de la policía de acuerdo con los patrones espacio-temporales de este fenómeno urbano, además de permitir una evaluación ex-post de las acciones adoptadas.

Análisis del delito en las policías

A pesar de que algunas organizaciones de la policía todavía se resisten a los enfoques basados en la evidencia y a las técnicas innovadoras en favor de las experiencias personales (Willis et al, 2007), existe un consenso en la seguridad pública sobre la necesidad de comprender el fenómeno delictivo en su complejidad y diversidad. Esto ha sido posible, sobre todo en los últimos años, gracias al desarrollo de sistemas de información cada vez más accesibles a las policías y a los medios necesarios para su funcionamiento. En consecuencia, tenemos una mayor capacidad para diseñar, aplicar y evaluar programas de prevención de la delincuencia. Fundamentalmente, porque la planificación y el establecimiento de prioridades requieren el uso racional y sistemático de la información sobre la delincuencia y sus problemas asociados.

En este sentido, las organizaciones policiales alineadas con esta perspectiva han intensificado sus inversiones en la mejora de la calidad de los datos recogidos y de la información producida, reconociendo la importancia del análisis de la criminalidad como herramienta de prevención y reducción de la delincuencia. A través de este enfoque es posible definir cuestiones cruciales de la actividad de la policía a nivel operativo, táctico, estratégico y administrativo. Todo ello repercute positivamente en el uso racional de los recursos humanos y materiales al dirigir las acciones de prevención y represión del delito de forma más eficiente, incluso en casos de escasez de personal y equipamiento y de los desafíos que plantean las nuevas y más complejas formas de criminalidad como el terrorismo, el crimen organizado o la ciberdelincuencia (Belur y Johnson, 2018).

Esta tendencia del uso de tecnologías basadas en la información sobre delincuencia y seguridad muestra un «giro» en la forma de trabajar de la policía, que busca comprender patrones y tendencias mediante el uso de estadísticas y análisis espaciales para dirigir y desplegar su personal de forma anticipada y con objetivos preventivos. Esta nueva forma de trabajar se contrapone al tradicionalismo de las corporaciones policiales que, aunque se esfuerzan en recoger y sistematizar datos, no abordan la etapa posterior que añade conocimientos y estrategias para afrontar la prevención del delito.

Como se puede observar en lo dicho hasta aquí, el análisis del delito no es una discusión reciente en la literatura especializada. Boba (2003) destaca que esta herramienta o metodología de trabajo puede ser entendida por cinco etapas interconectadas: recolección, organización y análisis de datos, difusión de los resultados e incorporación de la retroalimentación de los usuarios de los productos del análisis del delito. Cada paso es esencial para que los productos del análisis de la delincuencia sean fiables, precisos y pertinentes para apoyar la planificación y el seguimiento de las intervenciones policiales.

Es necesario destacar, en este caso, la etapa de análisis de datos. Como señalan Osborne y Wernicke (2003), esta etapa es el punto crucial para la producción de conocimiento de calidad.  Es la etapa en la que los datos recogidos se desglosan en información que posteriormente se difundirá en diferentes niveles de acceso dedicados a la prevención de la delincuencia. Así, se entiende que el objetivo principal del análisis es transformar datos hasta ahora desconectados en información útil. Como ejemplo, se puede citar el análisis de las tendencias y patrones delictivos que produce el analista del delito como medio para entender el problema, detectar los lugares y momentos más críticos y, finalmente, orientar el uso de la fuerza policial en términos preventivos y disuasorios[1].

 

 

Los fundamentos teóricos como apoyo al análisis del delito

La información de calidad que permite la identificación de patrones espacio-temporales a través del análisis del delito requiere una interpretación con base teórica. Así, las teorías criminológicas que toman el espacio y sus características físicas y sociales asociadas presentan una base epistemológica relevante al uso de herramientas de análisis del delito. Fundamentalmente, se trata de estudios que privilegian elementos de ecología urbana (PARK, 1936; SHAW & MCKAY, 1942; BURSIK & GRASMICK, 1993; SAMPSON, 2012) o elementos situacionales y de oportunidad de la delincuencia (COHEN & FELSON, 1979; CLARKE & ECK, 2003) utilizando la ciudad y sus características vicarias como componentes principales e inmediatos del problema de la delincuencia y la violencia urbana.

Al desmitificar la idea de «sentido común» referida a que el crimen es un evento aleatorio, estas teorías nos permiten entender e interpretar los factores que explican el patrón epidemiológico de concentración espacial del crimen, o ley de concentración del crimen (Weisburd, 2015). Se refiere a enfoques teóricos que tratan de encontrar en las características ambientales y ecológicas de los lugares la asociación con la prevalencia de la delincuencia en sí. En términos generales, el objetivo de estos enfoques es comprender los diversos aspectos de la delincuencia mediante la identificación de patrones de actividades de las víctimas y los delincuentes, así como de los factores ambientales que crean oportunidades para que se produzca la delincuencia.

Los supuestos centrales de estos enfoques pueden definirse como sigue. A saber: 1) las características específicas de los lugares los diferencian según su capacidad interna de organización social e interconexión con elementos de orden institucional y control; 2) esta diferenciación se explica por las características de los grupos que componen cada región. Su grado de cohesión e integración con los actores locales determinará su capacidad local para ejercer el control de las conductas y ejercer, de manera informal, la vigilancia de las personas y los bienes. Estos factores explicarán la mayor o menor incidencia de ciertos tipos de delitos o desórdenes (Silva y Marinho, 2018).

Además, teniendo en cuenta que muchos estudios han confirmado la alta concentración de la delincuencia en microáreas (Sherman et al, 1989), investigaciones recientes confirman el potencial beneficio de centrar la prevención de la delincuencia en estos lugares, ya sea por una reducción local de la delincuencia o por la difusión de los beneficios en las zonas adyacentes (Braga, 2007; Braga y Bond, 2008). En este sentido, el papel de las fuerzas de seguridad que actúan solas o en asociación con otros actores en los «puntos calientes» de la delincuencia se traduce en un aumento de la vigilancia formal en estos lugares. Además, promueve una red de protección local, reduciendo la sensación de inseguridad y aumentando el uso colectivo de los espacios públicos de forma que se disuade y previene la incidencia de la delincuencia y la violencia.

El caso de Belo Horizonte: dos experiencias de utilización del Análisis Criminal para la gestión policial y la prevención del delito

En esta sección describimos brevemente dos experiencias exitosas sobre cómo el análisis del delito puede contribuir a su prevención, estableciendo una nueva forma de gestión policial basada en el tratamiento de datos y el uso intensivo de la información. Los dos proyectos presentados fueron coordinados por el Centro de Estudios de la Criminalidad y Seguridad Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais – CRISP/UFMG[2].

La primera experiencia es el Proyecto Mapa, parte del programa más amplio denominado «Policía de Resultados». Buscaba introducir nuevas técnicas de administración de las actividades con el objetivo de descentralizar la planificación de las operaciones policiales. En este caso, pretendía introducir en la Policía Militar del Estado de Minas Gerais mecanismos de inspección y control de resultados. Además de las 25 regiones policiales (CIAS) que se definieron en el marco del proyecto, se hizo un uso intensivo de los datos sobre la delincuencia para identificar los principales problemas en cada una de estas zonas y establecer metas de desempeño operativo destinadas a reducir la delincuencia. Las reuniones periódicas entre la Jefatura de la Policía y los responsables de cada uno de las CIAS buscaban establecer un plan de empleo operativo específico y adaptado a cada realidad, así como la definición de objetivos que guiaran la gestión por resultados. Con esta nueva forma de gestión, la policía comenzó a orientar sus acciones con vistas a lograr resultados previamente acordados.

La segunda experiencia considerada en este artículo es el proyecto denominado Integración y Gestión de la Seguridad Pública – IGESP – que consiste en un modelo de gestión y organización de la seguridad pública que busca integrar las acciones de las diferentes fuerzas policiales, así como la información que ponen a disposición, con el fin de promover la prevención y la lucha contra la criminalidad violenta (CRISP, 2007). Se trata de una experiencia más amplia que implica a los distintos organismos del sistema de seguridad pública del Estado de Minas Gerais. Fue un proyecto realizado en asociación entre CRISP/UFMG y el Gobierno de Minas Gerais, a través de la Secretaría de Estado de Defensa Social, y contó esencialmente con la colaboración y la acción integrada de la Policía Militar y Civil de Minas Gerais, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo de la Policía y el Sistema Penitenciario.

Al igual que el «Proyecto Mapa», el IGESP es un modelo de gestión de la Seguridad Pública inspirado en experiencias exitosas, especialmente el internacionalmente conocido modelo COMPSTAT, implementado por el Departamento de Policía de Nueva York, y en una experiencia similar en Bogotá/Colombia. Esta metodología comprende fundamentalmente la gestión de la actividad policial basada en la gestión del conocimiento y el uso intensivo de la información[3].

Entre los principios rectores de la metodología IGESP, podemos destacar el que, en cierto modo, interrelaciona y sintetiza el eje central de los dos proyectos aquí presentados:

“Estimular la capacidad analítica de la policía en la producción cualificada de información y su uso de manera inteligente, brindando una actuación puntual en Zonas Calientes de Criminalidad, identificación cualificada y arresto de los reincidentes en las Áreas Integradas de Seguridad Pública, así como la identificación y arresto de los infractores que actúan en más de un Área Integrada de Seguridad Pública, principalmente en los delitos de mayor potencial ofensivo” (CRISP, 2007)

Desde su creación, ha tratado de aunar e integrar los conocimientos, las capacidades y los esfuerzos de los distintos agentes de la seguridad pública. Inspirado y guiado por la metodología de “Resolución de Problemas”, ha buscado identificar los problemas más críticos en cada área y ha vinculado esfuerzos para resolverlos con otros actores no relacionados directamente con la seguridad pública como la Alcaldía, así como las diferentes secretarías responsables de otras áreas del Estado (como infraestructura, salud, educación, etc).

Por último, en los dos proyectos, había reuniones estratégicas regulares para debatir los problemas y señalar los objetivos que debían alcanzarse y las soluciones que debían aplicarse. Estas reuniones sirvieron para discutir la información recogida y sistematizada mediante el análisis del delito, posibilitando una mejor comprensión del fenómeno delictivo, utilizando fundamentalmente el análisis de los patrones y tendencias criminales en el tiempo y en el espacio y buscando la comprensión de los principales factores de riesgo para su incidencia. El producto de estas reuniones se traduce en la descripción de las actividades y operaciones realizadas con el establecimiento de planes y objetivos futuros[4].

Resultados

En este minipaper presentaremos los resultados obtenidos para la ciudad de Belo Horizonte en períodos similares de implementación de los dos proyectos. La primera evaluación abarca los meses de enero de 2001 a octubre de 2002. En el caso del IGESP, la evaluación que aquí se presenta abarcó un periodo de 27 meses, de marzo de 2005 a mayo de 2007. Es importante señalar que en Belo Horizonte se produjo una situación inesperada de discontinuidad entre los dos proyectos, lo que nos permitió evaluar el impacto individual en cada momento.

Como se puede ver en la Figura 1, el número de delitos violentos en Belo Horizonte estaba experimentando una tendencia de crecimiento continuo en la fase anterior a la implementación del “Programa de Policía de Resultados”. Una vez adoptada esta metodología de gestión policial y comparada con la tendencia lineal prevista por los meses anteriores, se puede decir que se evitaron casi 10 mil delitos violentos con esta nueva forma de gestión de la seguridad pública en la ciudad (Beato et al, 2005). En el periodo en el que se interrumpió el proyecto, se produjo un claro cambio en la tendencia de la delincuencia, con un aumento de la media mensual seguido de una estabilización de este nivel, lo que nos permite afirmar que se podrían haber evitado más de 15.000 delitos violentos si la tendencia mensual de los delitos violentos observada durante los 22 meses del Proyecto Mapa se hubiera mantenido constante.

 

Figura 1 – Evolución mensual de los delitos violentos en Belo Horizonte, de 1998 a 2007, con énfasis en los períodos de implementación de los Proyectos Mapa e IGESP.

 

 

Fuente: CRISP / Elaboración propia

Una vez implantado el proyecto IGESP en la capital de Minas Gerais, se vuelve a observar un cambio en la tendencia mensual de los delitos violentos registrados en Belo Horizonte, estimándose que se evitaron casi 20 mil delitos con esta nueva gestión de la Seguridad Pública. Las evaluaciones econométricas también apuntan a la eficacia del modelo IGESP para reducir los delitos violentos. Según Soares y Viveiros: “All the evidence presented points to a causal effect of the IGESP on crime. The most conservative estimates indicate a reduction of 24% in property crimes and 13% in personal crimes. There is also evidence that the IGESP is associated with improved police response, measured by apprehension of weapons and clearance rates“(Soares e Viveiros, 2010).

Conclusión

En este artículo se ha pretendido mostrar la relevancia del análisis del delito para la gestión científica de la Seguridad Pública, considerándolo uno de los elementos básicos para la misma. En una región tan violenta como América Latina, con una inmensa heterogeneidad socioeconómica y variabilidad policial entre países, la dificultad de acceder a datos de calidad disponibles para la investigación y el análisis es algo que reconocen ampliamente prácticamente todos los analistas. Sin embargo, existen numerosos ejemplos de casos e iniciativas exitosas que pueden servir de modelo para repensar la forma de «hacer» seguridad pública, cambiando así la cultura y la rutina policial, sobre todo. La inversión en sistemas de información que faciliten la recogida y organización de datos, la mejora en la prestación de servicios y el fomento de la denuncia de delitos por parte de la sociedad son factores esenciales para que las organizaciones policiales tengan un mejor conocimiento de su ámbito de actuación. Además, la información actualizada y de calidad son elementos básicos y esenciales para que el análisis del delito pueda servir como herramienta para esta nueva forma de Gestión de la Seguridad Pública. Los dos proyectos aquí presentados se basaron en el uso intensivo de la información policial, en el interés y la voluntad de la policía de repensar su forma de gestión y, fundamentalmente, en la aplicación del conocimiento científico y racional para prevenir delitos y mejorar la percepción de la seguridad pública. En los dos momentos evaluados, se observó un cambio significativo en el patrón delictivo de la ciudad de Belo Horizonte. Por último, cabe destacar el papel crucial de la conectividad entre la toma de decisiones en el nivel estratégico y su ejecución en el nivel operativo más básico, que es el de la calle, superando uno de los principales problemas de las organizaciones policiales que impiden que el análisis estratégico y de inteligencia alcance su potencial en la asignación de recursos y la elaboración de políticas (Ratcliffe, 2004). Todos los proyectos se basaron en experiencias anteriores, es decir, en supuestos teóricos y metodológicos. El mensaje que permanece es la relevancia de la colaboración entre instituciones y actores para buscar una mejor calidad de vida y la prevención de la violencia urbana.

Referencias

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BELUR, J and Shane Johnson. Is crime analysis at the heart of policing practice? A case study, Policing and Society, 28:7, 768-786, 2018. DOI: 10.1080/10439463.2016.1262364

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[1] Es importante considerar que, como se destacó anteriormente, el problema de la criminalidad y la violencia es complejo y multicausal, lo que implica que no es un problema exclusivo de la policía, sino de otros actores capaces de actuar de manera integrada para resolver el problema.

[2] www.crisp.ufmg.br

[3] https://www.youtube.com/watch?v=AgOYU9O0-rc&t=72s

[4]  Cabe mencionar que el Programa Policial de Resultados también tuvo reuniones periódicas, establecimiento de metas y planes de acción a ser ejecutados por la Policía Militar. En el caso del IGESP, el producto de estas reuniones se sistematizó en el Documento de Gestión de la Seguridad Pública (DOGESP).