El pasado mes de diciembre de 2020 se publican tres libros que tienen a las encuestas de seguridad ciudadana como tema central. Uno de ellos es el trabajo coordinado por Ana Huesca y Rolando Grimaldo titulado Aspectos sociales en la seguridad ciudadana. Varios capítulos de este libro, publicado por la editorial Dykinson, exponen avances de investigación en la aplicación de la metodología de encuesta en distintas facetas de la seguridad ciudadana. Un segundo trabajo, 30 años de la encuesta de victimización del Área Metropolitana de Barcelona. Vigencia y uso de las encuestas de seguridad en las metrópolis, tiene como editores a Marta Murriá, Cristina Sobrino y Carlos González y está publicado por el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. En él se recogen contribuciones de investigadoras e investigadores expertos en encuestas consolidadas como instrumentos de información y conocimiento sobre la seguridad urbana en diferentes regiones del mundo. Un tercero, escrito por los cuatro firmantes de este artículo, pertenece a la colección de Cuadernos Metodológicos del Centro de Investigaciones Sociológicas con el título Encuestas de seguridad ciudadana. El trabajo ofrece un compendio de definiciones, medidas y estrategias de análisis de las distintas dimensiones de la seguridad ciudadana con el objeto de respaldar tanto la obtención de nuevos datos como su estudio desde la sociología y la criminología. Esta feliz coincidencia editorial expresa también la toma de conciencia por parte de la comunidad investigadora de la necesidad de superar una asignatura pendiente en nuestro país, la escasez de datos, tanto en términos de cantidad como de vigencia, derivada de la poca recurrencia con la que se han realizado en España, con la señalada excepción catalana, encuestas de seguridad ciudadana.

El presente trabajo pretende empujar en esa dirección abundando en las razones que avalan la realización de dichas encuestas. Para ello, los tres apartados siguientes resumen el contenido del capítulo introductorio del libro Encuestas de seguridad ciudadana. En primer lugar, se las presenta como fuentes de conocimiento criminológico. En segundo lugar, se detallan las citadas razones. Por último, se realizan algunas consideraciones sobre el estudio de la seguridad ciudadana en nuestro país.

Seguridad ciudadana y encuestas

Las encuestas de seguridad ciudadana proporcionan información sobre cuánto y cómo afecta la delincuencia a la población, y también sobre cómo y cuánto de eficaces considera dicha población que son las respuestas político-criminales a la misma. Junto con las estadísticas oficiales sobre criminalidad, basadas en el registro policial y judicial de la actividad delictiva conocida por ambas instancias, las encuestas a la población constituyen instrumentos ineludibles para medir el delito y la inseguridad que provoca.

La base desde la que se habla hoy de encuestas de seguridad ciudadana son las llamadas encuestas de victimización. En ellas se seleccionan muestras representativas de la población a las que se pregunta si durante un periodo concreto han sido objeto de delito y cuántas veces, así como si se formuló denuncia y se siguió a partir de la misma algún proceso penal. Se pregunta a la ciudadanía sobre sus experiencias como víctimas con el objetivo de estimar las cifras de delincuencia real frente a las de la delincuencia registrada por las estadísticas oficiales (Pozo et al., 2013; Pérez y Benito, 2013). Desde que comienzan a utilizarse durante la pasada década de los sesenta, introducen una innovación importante en el análisis de la criminalidad. En lugar de ser la policía la que informa sobre la actividad delictiva (cuántos y qué delitos se han registrado), se pregunta directamente a la gente si ha sufrido alguno con independencia de que este fuera o no denunciado. La encuesta deja así en manos de las víctimas definir como delito un determinado evento que les ha ocurrido y manifestarse en relación con su posible denuncia (Thomé, 2004). Este cambio de sujeto informante permitió visibilizar ciertos tipos de delito que las estadísticas oficiales no recogían fácilmente, como por ejemplo la agresión sexual o la violencia de género. La expresión cifra negra de la delincuencia acabaría utilizándose para hablar de aquellos delitos que realmente suceden pero que no recogen los registros policiales y judiciales. Entre las razones más importantes que están detrás de esta ausencia de registro figuran el que estos hechos no resulten denunciados o que ni siquiera sean considerados delitos por las personas a las que les ocurren. Con la evolución de las encuestas de victimización el concepto de cifra negra se ha ido redefiniendo para acabar distinguiendo entre la cifra negra global y la denominada cifra negra delictiva. Esta última es la referida al conjunto de hechos que, siendo considerados delitos por quienes los han sufrido, no han sido denunciados. De ahí que las encuestas de victimización permitan visibilizar la existencia de importantes diferencias entre el conjunto de hechos sufridos, los que se consideran delictivos y los que finalmente son denunciados ante la instancia policial o judicial. De esta forma, es posible estimar qué parte de los hechos sufridos se considera delictiva (con independencia de que jurídicamente acaben siendo considerados como tales) y qué parte de los hechos que se consideran delictivos no llega a denunciarse (Mur, 2016: 6-9). Otro rasgo de la evolución de las encuestas de victimización lo constituye el hecho de que acabaran ampliando su objeto de atención hacia el miedo al delito o las opiniones de la ciudadanía acerca del funcionamiento de la policía o la justicia penal (Ruidíaz, 1997; García España et al., 2010).

En España, aunque no han dejado de realizarse encuestas de este tipo desde los ámbitos institucional o académico, este procedimiento no ha sido integrado aún en la producción estadística oficial, pese a que no han faltado recomendaciones en ese sentido (Stangeland, 2001: 21; García España et al., 2010: 2). La única excepción en este sentido la constituye Cataluña, con una dilatada experiencia en la realización de este tipo de encuestas tal y como atestigua el trabajo de Murriá, Sobrino y González (2020) citado al comienzo de este artículo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado hasta la fecha varias encuestas de seguridad ciudadana de ámbito nacional o autonómico, la primera en 1978. Cabe destacar como referencia a tres de ellas, dos por sus amplitudes muestrales y temáticas, Delincuencia, seguridad ciudadana e imagen de la policía (Estudio 2125, 1995) y Seguridad ciudadana y victimización (Estudio 2315, 1999); la tercera por ser la encuesta específica más reciente, Delincuencia y victimización en la Comunidad de Madrid (Estudio 2702, 2007). Entre las encuestas generalistas del CIS que han estudiado la seguridad ciudadana debe destacarse, por el amplio número de preguntas incorporadas, la edición 2015 de la Encuesta Social General Española (ESGE) (Estudio 3123). Otras experiencias reseñables son las encuestas de victimización realizadas por el Observatorio de la Delincuencia (ODA), adscrito a la Universidad de Málaga, en distintas capitales andaluzas, durante 2006, 2007 y 2008, y para el conjunto de España en 2009. En todos estos casos se utilizó como instrumento una adaptación de la International Crime Victims Survey (ICVS) del Instituto Interregional de Naciones Unidas para la Investigación sobre justicia y crimen (UNICRI, según sus siglas en ingles). Aunque ha dejado de realizarse, la ICVS es el esfuerzo más relevante de entre los alumbrados a favor de la institucionalización de estudios sobre evolución de la seguridad ciudadana en el plano internacional (Thomé, 2004: 77). España participó en dos de las oleadas de la encuesta, en 1998 y 2005 (García España et al., 2010).

En el ámbito internacional son muchos los países donde las encuestas de seguridad ciudadana gozan de mejores niveles de institucionalización que en España. Tres de estas encuestas pueden considerarse como referentes. En el Reino Unido, la Crime Survey for England and Wales (CSEW), antes denominada British Crime Survey, lleva implementándose desde 1981. En Chile, desde 2003, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) proporciona información sobre la percepción de inseguridad, la reacción frente al delito y la victimización de personas y hogares de zonas urbanas a nivel nacional y regional. En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) se consideran información de interés nacional y constituye una de las prácticas internacionales de referencia en el análisis de la seguridad ciudadana (Caro et al., 2020).

Razones por las que realizar encuestas de seguridad ciudadana

Entendida como el conjunto de experiencias, percepciones, predisposiciones y comportamientos que producen las conductas delictivas y la acción que frente a ellas protagoniza el aparato de justicia penal, la seguridad ciudadana es un tema de enorme importancia tanto científico-social como política.

Tanto si se atiende a diversos ámbitos académicos e institucionales como si se presta atención al espacio mediático, se constata la presencia y la relevancia creciente que tienen el debate y la información sobre el binomio delincuencia-seguridad y sobre la percepción ciudadana acerca de determinados problemas que tienen su origen (y adquieren tal consideración de problemas) en la ruptura con las normas y en las consecuencias que se derivan (o se demanda que se deriven) de ella. En este contexto, la investigación sociológica y criminológica adquiere un doble compromiso con la medida rigurosa de la percepción pública de la delincuencia y la actuación de la justicia penal. Por un lado, el que deriva de la relevancia de estos temas en sí misma. Por otro, el que tiene que ver con su trascendencia sociopolítica. Son varias las razones que explican dicha trascendencia. En primer lugar, la colaboración ciudadana es necesaria para el funcionamiento del sistema penal, luego lo es también la opinión de los ciudadanos sobre el mismo, el que el público confíe en él, denuncie y así evite que parte de la criminalidad no sea detectada. En segundo lugar, la conformidad de la ciudadanía con las normas, aunque sólo sea para que estas cumplan su función simbólica, se basa en buena medida en que el sistema y su funcionamiento merezcan crédito, es decir, sean percibidos como correctos (Tyler, 1990). Junto a las dos razones anteriores, las reformas que vienen endureciendo la justicia penal se han presentado como respuestas a las demandas sociales, de ahí que deba determinarse con base en el rigor metodológico el alcance y razones de tales demandas. De manera particular, esta contextualización ha de hacerse en un escenario que autores como Garland (2003) consideran dominado por la cultura del control, en el que el pensamiento criminológico atiende menos a las causas del delito –y cada vez más a las decisiones supuestamente racionales del delincuente– y en el que se ha difuminado la fe en el ideal resocializador de la prisión, empezándola a concebir exclusivamente como herramienta de disuasión e incapacitación (Diez Ripollés, 2004).

Como objeto de estudio, la seguridad ciudadana alberga cuatro dimensiones, a saber, victimización, miedo al delito, confianza en la acción del sistema penal y demandas de castigo a quienes cometen delito. La medición de estas cuatro dimensiones permite analizarlas y comprenderlas en sí mismas, en su relación con factores sociodemográficos, culturales o ideológicos que han demostrado tener influencia sobre dicha experiencia (Hough, 1995) y en su relación recíproca (Rader et al., 2007). En este sentido, unas (la desconfianza en el aparato de justicia penal o la demanda de más castigo, por ejemplo) pueden ser consecuencia de las otras (haber sido víctima o tener miedo al delito) (Thomé y Torrente, 2003). A la vez, en circunstancias como la existencia de un clima de opinión influido por la agenda mediática o política, la percepción de que el sistema penal no funciona, o que no castiga con la suficiente dureza, pueden provocar en la población inseguridad o miedo a resultar victimizada. El de las actitudes punitivas de la ciudadanía es además un asunto que suscita un interés sociológico y criminológico creciente. Opinión pública y política criminal parecen retroalimentarse en los últimos años, dando como resultado reformas de la normativa penal y aun de las disposiciones legales en materia de seguridad pública. Reformas de corte punitivista que, en cierta medida, desbordan el terreno de lo estrictamente delictivo, anegando el de lo socialmente controvertido (violencia sexual, prostitución, expresión de opiniones mediadas por las redes sociales, etc.). Sin duda, se trata de cuestiones criminológicas clave y cuyo estudio requiere de la existencia de datos y en particular de la realización de encuestas que, con la suficiente periodicidad, incorporen medidas de las cuatro dimensiones mencionadas de la experiencia ciudadana de y con la delincuencia y no sólo de una o algunas de ellas.

Son, en definitiva, muchas las razones que hacen muy necesaria la obtención y análisis de datos de encuesta sobre seguridad ciudadana en España. La primera es la relevancia académica y social que tienen los cuatro temas de los que pueden ocuparse: victimización, miedo al delito, confianza en el apartado de justicia penal y punitivismo. La segunda es la escasez de datos españoles sobre estos cuatro objetos. Como se ha dicho, no son muchas las encuestas y por consiguiente los datos sobre dicho ámbito que existen en nuestro país. La tercera razón, muy relacionada con la segunda, es la necesidad de que la producción de datos se haga de manera suficientemente válida y rigurosa para que sirva de base a nuestra política criminal en un momento en el que dicha política suele alimentarse de eventos noticiosos e intereses políticos mucho más que de evidencias empíricas (Melendo et al., 2019).

Algunas consideraciones finales sobre el caso de España

En las sociedades actuales, la realización rigurosa de encuestas de seguridad ciudadana aporta conocimiento válido y fiable sobre cuestiones en torno a las que las apelaciones a lo que demanda la ciudadanía por parte de los actores políticos son constantes y en muchas ocasiones meras portadoras de visiones ideologizadas cuando no de intereses espurios.

En nuestro país, los debates en torno a determinadas formas de delincuencia y la respuesta policial, judicial o penitenciaria a las mismas vienen adquiriendo en los últimos años un alcance y recurrencia importantes. Esto nos sitúa ante la exigencia de contar con datos y estudios que aporten a dichos debates las dosis de calidad y rigor que nos sitúen a la altura de una sociedad comprometida con la deliberación informada que requieren la seguridad y la política criminal. En dichos debates no resulta infrecuente que se esgriman como justificación de ciertas propuestas políticas la existencia de niveles de incidencia delictiva, preocupación ciudadana, desconfianza hacia la acción policial-judicial o respaldo a penas más duras que no son sino supuestos o fruto de mediciones poco rigurosas. Lógicamente, lejos de contribuir a la necesaria deliberación, esto acaba alimentando y amplificando artificiosa e interesadamente en la ciudadanía predisposiciones con un alto potencial para la polarización política.

Por todo ello puede presentarse como asignatura pendiente en España la producción de datos sobre seguridad ciudadana y el uso para ello de muestras suficientemente amplias como para permitir su desagregación a distintos niveles territoriales y con los estándares de calidad y periodicidad que son ya comunes en otros lugares (Melendo et al., 2019). Si nos comparamos con buena parte de los países de nuestros entornos de referencia, tanto el europeo como el latinoamericano, queda camino por recorrer. Las encuestas de seguridad ciudadana deberían gozar aquí de una mayor institucionalización. Ello contribuiría notablemente a enriquecer y aquilatar el debate público aportándole información rigurosa sobre las experiencias y posicionamientos de la ciudadanía hacia la delincuencia y su control social, como se hace en otros países y como se hace en relación con otros ámbitos de la vida pública. En ellos, la realización de encuestas aporta periódicamente indicadores de referencia, forman parte de la producción estadística oficial y complementan eficazmente los registros de las administraciones y organismos públicos competentes, sirviendo de base a políticas públicas más empíricamente sólidas. Cabe confiar en que la reciente publicación de los tres trabajos citados al principio de este artículo contribuya a hacer más asumibles, tanto la producción de nuevos datos desde el ámbito público o institucional, como su estudio y análisis por parte de la comunidad investigadora.

Referencias bibliográficas

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García España, E., Díez Ripollés, J. L.; Pérez, F., Benítez, M. J. y Cerezo, A. I. (2010). Evolución de la delincuencia en España: análisis longitudinal con encuestas de victimización. Revista Española de Investigación Criminológica, 8(2), 1-27. https://doi.org/10.46381/reic.v8i0.52

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