Kennedy, D. M. (2020). Violencia estatal, legitimidad y el camino hacia la verdadera seguridad púbilca (Traducción de Gómez-Bellvís, A. B.). PostC: La PosRevista sobre Crimen, Ciencia y Sociedad de la era PosCovid19, (1).

Traducido por Ana B. Gómez-Bellvís

La violencia policial es violencia estatal

Seamos claros acerca de lo que ha estado pasando en el país durante las últimas semanas. La policía (policing) es un brazo del Estado. Los departamentos de policía y los agentes de policía actúan bajo apariencia de legalidad y como agentes del Estado, con la autoridad concedida por sus ciudadanos nacionales. Esto les da a sus acciones un significado especial. George Floyd fue -literalmente- asesinado por su Gobierno. Una y otra vez en América, la gente negra es asesinada, golpeada y de alguna manera víctima de algún abuso por su Gobierno a través de sus agentes: la policía. En la era moderna, Rodney King fue golpeado por su Gobierno. Michael Brown fue disparado y asesinado por su Gobierno. Walter Scott fue disparado por la espalda y asesinado por su Gobierno; su Gobierno falsificó la escena del tiroteo y mintió sobre lo que pasó.

Esto siempre ha sido un escándalo. Pero las últimas semanas en América han sido transformativas por cómo la nación piensa y responde a la violencia policial. Hace poco tiempo – antes de que un policía de Minneapolis matara a George Floyd- habría sido inimaginable que cientos de miles de manifestantes blancos y negros hubieran invadido las ciudades durante semanas, abogando por las vidas de los negros y protestando contra la brutalidad policial. Hubiera sido, asimismo, inimaginable que esas protestas hubieran contado con el apoyo de todo el espectro político, que el Ayuntamiento de una gran ciudad estadounidense se comprometiera a eliminar por completo su departamento de policía, y que el “desfinanciar” a la policía se convirtiera en una opción viva en el discurso político nacional, con el compromiso de los alcaldes de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Hubiera sido inimaginable que cerca de mil atletas profesionales hubieran llamado a acabar con la doctrina de “inmunidad cualificada” que protege la violencia policial, que NASCAR vetara la bandera Confederada y que PepsiCo retirara a la “tía Jemima”.

Como alguien que ha invertido las últimas tres décadas trabajando con la policía para reducir el crimen violento, creo que todo esto es para bien. He sido parte del desarrollo de una estrategia para la prevención de la violencia que tiene un papel central para la policía en colaboración con la comunidad y con los proveedores de servicios. Ésta puede reducir los homicidios -mayormente de hombres negros jóvenes- a la mitad o más. La estrategia fue el origen de lo que se ha denominado “el milagro de Boston” que hace 20 años redujo los homicidios de gente joven en casi dos tercios. Es el mismo trabajo que hizo a Oakland, California, una brillante estrella de la prevención de la violencia, con una reducción de los homicidios y la violencia con armas a la mitad en los últimos ocho años. He trabajado con la policía para acabar con los mercados de la droga en las calles con métodos que mantiene a los “camellos” fuera de la cárcel, y a prevenir el asesinato de las víctimas de violencia doméstica sin hacerles correr el riesgo de procesar a sus agresores o a la carga que supone acudir a la clandestinidad para esconderse. He trabajado hombro con hombro con agentes de policía que son valientes, creativos y están comprometidos con sus comunidades. En resumen, conozco cuánto bien puede hacer el tipo correcto de labor policial (policing). Pero también sé cuánto daño puede hacer el tipo de labor policial (policing) equivocada- y apoyo los cambios profundos para reparar ese daño.

En las protestas de estas últimas semanas, el Gobierno ha golpeado a los ciudadanos, ha atropellado con sus coches a los manifestantes, y ha disparado gas pimienta a los periodistas. Sí, en esas mismas protestas, agentes de policía han sido disparados, se han quemado estaciones de policía y se han saqueado negocios. Pero la violencia policial es completamente diferente a la violencia privada. No supone de ninguna manera disminuir la ilicitud de los delitos cometidos por el público decir: sabemos que la gente hará estas cosas -matar, violar y robar. Es precisamente porque sabemos que la gente hará estas cosas que en las democracias existe un contrato social: el Estado tiene el monopolio de la violencia y la coerción, que se manifiesta a través de la ley y hace que la ley sea operativa a través de sus instituciones, incluida la policía. Si un manifestante te golpea en la cara, él ha cometido un delito. El contrato social dice que eso está mal, y el Estado tiene el poder para detenerlo. Si un agente de policía te golpea en la cara, habrás sido agredido por tu Gobierno. Es simplemente una declaración de la condición humana decir que la gente siempre se matará entre sí, no importa lo mucho que tratemos de prevenirlo. Si decimos: “nuestro Gobierno siempre nos matará, y nos golpeará y nos someterá a la violencia (do us violence) bajo la apariencia de legalidad, no importa cuánto tratemos de prevenirlo”, es completamente diferente. Eso supone una admisión y una aceptación de un Estado fallido para nuestra democracia, y un experimento estadounidense.

Sin embargo, a lo largo de la historia de América, el Gobierno ha hecho exactamente eso a los negros americanos. La esclavitud era violencia. La reinstauración de la esclavitud después de la Reconstrucción a través del sistema de justicia penal y el arrendamiento de los convictos fue violencia. El linchamiento fue violencia. Colocar perros y mangueras de fuego en el movimiento de derechos civiles fue violencia. Así como también lo fue que el FBI tratara de llevar a Martin Luther King Jr. al suicidio, y el bombardeo e incendio de un barrio (city block) en Filadelfia. La política de “tolerancia cero”, la detención y cacheo (stop-and-frisk) descontrolado, las disparidades en las condenas por crack y cocaína en polvo y el encarcelamiento masivo eran y son el uso racializado del poder coercitivo del Estado.

Donde el Gobierno no ha ejercido violencia contra la gente negra, ha fallado en protegerlos. La tasa de homicidio para los hombres negros de edades entre 18 y 34 es 18 veces la de los hombres blancos de la misma edad. Los homicidios de hombres y mujeres negros quedan sin resolver. Hombres blancos vestidos de militares con rifles se reúnen a salvo en las casas de estado (statehouses); los hombres negros que salen a correr son perseguidos, tiroteados y asesinados. La gente negra le tiene miedo a su Gobierno. Tienen “la charla” con sus hijos y se preocupan cuando van a la Universidad y conducen sus coches. No están a salvo caminando, comprando, nadando, durmiendo en Yale. Saben lo que puede significar pedirle a una mujer blanca que ate a su perro con una correa. A menudo se les pide a los policías negros que lleven consigo sus armas cuando estén fuera de servicio, por miedo a ser asesinados por sus compañeros.

Esto es lo que se escapa cuando la gente que no lo entiende dice, “pero la mayoría de las víctimas negras de homicidio no son asesinadas por la policía”. La mayoría de los blancos no mueren en los ataques terroristas; el 11 de septiembre y todo lo demás representa una pequeña fracción del número de cadáveres de blancos en las últimas décadas. Pero el Gobierno de los Estados Unidos reorientó completamente la seguridad nacional después del 11 de septiembre; todavía estamos en guerra. La mayoría de niños blancos no son asesinados en tiroteos masivos, pero el país está invirtiendo recursos en la seguridad de las escuelas. El terror y los tiroteos masivos afectan a la esencia de lo que significa vivir la vida de uno, sentirse seguro y protegido, y confiar en que la familia y los seres queridos estarán a salvo y seguros. Y cuando la masa de los blancos se siente amenazada por el terror y los tiroteos masivos, su país salta en su defensa. Ser negro en America ha significado saber que la familia y los seres queridos de uno nunca están a salvo y seguros porque tu país te puede hacer daño a ti y a ellos en cualquier momento. Ha significado estar sujeto a la violencia estatal y a la protección de la violencia privada por parte del Estado, en una nación forjada, estructurada y empapada de racismo. Los negros americanos siempre lo han sabido. Los americanos blancos parece que están empezando a entenderlo. Lo que está sucediendo ahora en la nación es un rechazo a ese arquetipo de la historia.

Los movimientos de protesta representan la esencia de los valores americanos y merece un amplio apoyo bipartidista. No supone una amenaza a nuestros esfuerzos para prevenir el crimen y la violencia; de hecho, representa una oportunidad para hacer que esos esfuerzos sean mucho más exitosos. Esto se debe a que puede suponer el apoyo del surgimiento de una forma fundamentalmente mejor de producir seguridad pública. La evidencia de la literatura académica sugiere que cuanto más legítima sea la ley y la policía a los ojos de las comunidades americanas, menor será el uso que tengamos que hacer de ellas. Y, aunque la “ley y orden” ha sido tradicionalmente una plataforma para la derecha política, este objetivo -utilizar el poder coercitivo del Estado no más de lo absolutamente necesario- es uno de los que los conservadores deberían encontrar fácil de abrazar. De una manera muy real, más legitimidad en el ámbito de la policía significa menos Gobierno.

Esto es una crisis de legitimidad

La legitimidad es el elemento central de una democracia: la creencia de la gente en las instituciones del Gobierno y en su poder para establecer las reglas y lograr el cumplimiento de las mismas. Cuando la gente piensa en la ley y en la policía, piensan en el poder de los tribunales, la cárcel (jail and prisons), en la pistola y la placa. De hecho, este poder es trivial en comparación con el cumplimiento voluntario de la ley. La mayoría de las veces, la gente no necesita ser amenazada por el Estado para no matar, violar y robar. La mayoría de la gente sabe que cuando la ley dice que no se debe hacer cosas terribles, la ley está en lo cierto; cuando se sienten tentados, creen que la ley tiene el poder (standing) de decir: “No lo hagas”. Académicos como Tom Tyler señalan que incluso los delincuentes obedecen a la ley la mayor parte del tiempo: compran alimentos, paran frente a los semáforos en rojo, y rara vez matan a la gente con la que están enfadados. La investigación policial (policing research) muestra muy claramente que en la medida en que la legitimidad aumenta, la violencia baja, el cumplimiento voluntario de la ley incrementa, la gente llama al 911 cuando necesita ayuda, etc. Cuando la legitimidad disminuye -como cuando pasa después de incidentes de violencia policial- la investigación muestra que las comunidades negras se alejan de la policía y la violencia aumenta.

Contrariamente a lo que muchos piensan, las comunidades negras de “alta criminalidad” son profundamente respetuosas con la ley. Las investigaciones muestran que los residentes de las zonas más problemáticas de esas comunidades tienen un gran respeto por la ley, quieren que sus vecinos obedezcan la ley, quieren estar a salvo, e incluso quieren tener una buena relación con la policía. Pero no confían en la policía, no creen que la policía los respete, no piensan que la policía comparta sus valores, creen que la policía está sesgada, y no confían que la policía se gobierne a sí misma.

Los académicos han descrito esto durante mucho tiempo como “cinismo legal”: creencia en la ley, pero no en sus instituciones, especialmente en la policía. Más recientemente, académicos como Monica Bell ha ido más allá de esto a una noción profundamente más negativa y, en mi experiencia, más precisa, de “distanciamiento legal”. Bell nos recuerda que hace más de 50 años, la Comisión Kerner encontró que “la policía ha llegado a simbolizar el poder blanco, el racismo y la represión blanca”. Esas convicciones están motivadas por cientos de años de historia y memoria y experiencia colectivas, el tratamiento actual y el maltrato por parte de la policía, y la experiencia vicaria de la interminable serie de asesinatos policiales. “Mucha literatura ha demostrado que, independientemente de como se mida o se conciba la confianza, los afroamericanos, particularmente aquellos que son pobres o que viven en comunidades altamente pobres o predominantemente afroamericanas, tienden a tener menos confianza no solo en la policía, sino también en otras instituciones gubernamentales, en sus vecinos e incluso en sus relaciones de pareja en comparación con otros grupos raciales y étnicos de los Estados Unidos”, escribe Bell. “L mayoría de las discusiones sobre la desconfianza de los afroamericanos hacia la policía solo eluden los límites de un pozo más profundo de distanciamiento entre las comunidades pobres de color y la ley y, a su vez, la sociedad”.

No se trata de cada uno de los agentes o de todos los agentes. La policía está llena de- y en mi experiencia personal dominada por- buenos y frecuentemente gente maravillosa que normalmente hace un trabajo extraordinario bajo circunstancias inimaginables. He tenido antiguos defensores públicos que han entrado en mi organización, odiando a la policía. Sin embargo, a medida que conocen a los agentes con los que trabajamos, me han llevado a un lado para decirme, “esto me está resultando extraño; me gustan”. Ese no es el tema. El tema no es el desgastado argumento sobre buenos y malos agentes, o “manzanas podridas” o la falta de ellas. Es que la institución de la policía ha sido ingobernable. Los agentes hacen cosas terribles, y no pasa nada. Los departamentos toman decisiones terribles –Protejamos las comunidades inundándolas de agentes y parando a todo el que se mueva- y no hay forma de pararlos. La falta de respeto está descontrolada -en muchas ciudades, la queja más frecuente es sobre los agentes que maldicen en público- y no pasa ni cambia nada. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos crea jurisprudencia (case law) que convierte en prácticamente imposible hacer responsables a los agentes por los asesinatos y tiroteos. Las ciudades, presionadas por el peso político de los sindicatos de policía, ceden los poderes que permitirían a los jefes de policía (chiefs) despedir a los agentes que saben que son tóxicos y hacer que los departamentos reintegren a los agentes de los que han logrado deshacerse. Los jefes de los sindicatos de policía mancillan los nombres de los negros asesinados por sus miembros y son reelegidos. Ninguna institución es perfecta; los médicos matan pacientes todo el tiempo. Pero cuando un médico mata por negligencia grave, el jefe de su hospital no da una rueda de prensa para decir que el fallecido tenía antecedentes penales y realmente se lo merecía.

Todo es tan familiar que se necesita un acto de voluntad para ver con claridad. En Illinois, el Gobernador Rod Blagojevich intentó vender el escaño de Barack Obama en el Senado y fue destituido en un año y encarcelado poco después. Por el contrario, en Chicago, el agente de policía Jon Burge pasó años torturando a más de 100 hombres y mujeres negros. Fue detenido, homenajeado por el sindicato de la policía, condenado a una prisión federal y rápidamente liberado y puesto en arresto domiciliario. Luego fue liberado del arresto domiciliario. Jackie Wilson, uno de los hombres a los que Burge brutalizó para obtener una confesión, sirvió 36 años en prisión antes de que un juez lo liberara.

Si uno trabaja de cerca con la policía, como yo, se da cuenta de que muchos jefes de policía no dirigen realmente sus departamentos. Los jefes de policía reformistas (reform chiefs figure) creen que tienen unos tres años antes de ser expulsados. Conscientemente hacen estrategias para dejar las cosas de manera que sus sucesores puedan construir sobre el trabajo que ellos han comenzado. Mi comunidad de profesionales (community of practice) tiene un probado historial de reducción drástico de la violencia, un objetivo sobre el que se podría pensar que la policía está interesada. Todavía pasamos mucho tiempo tratando de averiguar cómo hacer que los departamentos sigan haciendo su trabajo, sabiendo que a menudo los jefes de policía y alcaldes no pueden o no quieren- y que, excepto en raras ocasiones, a nadie le importa realmente lo que la comunidad negra quiere.

Imagine que los reguladores de la Comisión de Valores y Bolsa hicieran su trabajo deteniendo a los banqueros en la calle, señalándolos en la acera, insultándolos y revisando sus bolsillos. Imagine si anunciaran las visitas de cumplimiento pateando las puertas de las oficinas y, de vez en cuando, se metieran en el tráfico de información privilegiada golpeando a los inversores hasta que renunciaran a sus amigos o simplemente los entregaran. Imagine que los técnicos de emergencias médicas (ETMs) llamados a las escenas de accidentes sacaran a los conductores de sus coches y los golpearan hasta hacerlos papilla. Imagine que estuvieran legalmente protegidos para hacer todo eso. Imagine que su propio liderazgo y políticos prominentes les urgieran a hacerlo más. E imagine que siempre, la gente que ha estado tratando de arreglarlo, tanto desde fuera como desde dentro, y no cambia.

La gente lo ha estado intentando. Las comisiones de policía: la Comisión Nacional Wickersham, nombrada por el Presidente Hoover en 1929, se centró en el “tercer grado” (confesiones obtenidas mediante golpes). A raíz de las revelaciones de Frank Serpico, se formó la famosa Comisión Knapp en la ciudad de Nueva York en la década de 1970, la cual encontró una corrupción sistemática en el departamento de policía. A principios de los años 90, trabajé en la Comisión St. Cair en Boston, que atacó los controles internos y el liderazgo del Departamento de Policía de Boston, así como en la Comisión Mollenen la ciudad de Nueva York, que atacó los controles internos y el liderazgo del Departamento de Policía de Nueva York. Ha habido investigaciones del Departamento de Justicia y decretos de consentimiento (consent decrees), revisiones voluntarias yacuerdos a través de la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad del Departamento de Justicia. Ha habido juntas de revisión de quejas civiles y comisionados e inspectores generales y auditores de policía. Después de que Michael Brown fuera asesinado en Ferguson, se creó el Grupo de Trabajo del Presidente sobre la policía del siglo XXI. Y entrenamiento. Dios mío, ha habido entrenamiento.

Nada se ha arreglado. George Floyd está muerto. Estoy personalmente implicado en eso; dirigí la Iniciativa Nacional del DOJ para la Construcción de Confianza y Justicia Comunitaria, un proyecto de la administración de Obama que funcionó en seis ciudades, incluyendo Minneapolis. Marcó la diferencia, pero no transformó la institución que es el Departamento de Policía de Minneapolis. Muchas reformas han hecho una diferencia, pero no han transformado la institución que es la labor policial americana.

La gente lo ha sufrido. De esto tratan las protestas. La institución que es la policía americana sigue matando gente negra, sigue haciendo cosas horribles, la gente sigue tratando de arreglarlo, y no se arreglará. Camden, New Jersey, ha estado recibiendo mucha atención últimamente. Camden es un caso de pérdida de legitimidad terminal. La labor policial era un desastre: escandalosamente corrupta, completamente ineficiente en una ciudad saturada con mercados de droga al aire libre y violencia, con un sistema de responsabilidad inútil y un sindicato intransigente. Una coalición de funcionarios estatales y locales y figuras cívicas dijeron “basta”, disolvieron el departamento y lo reconstruyeron de cero.

Pero aunque fue un cambio radical, para muchos defensores, Camden definitivamente no es lo que tienen en mente: no están interesados en reconstruir los departamentos de policía en absoluto. Como la activista Mariame Kaba escribió en el New York Times, “sí, nos referimos literalmente a abolir la policía”. Cualquier policía legtimia tiene que crear seguridad, no peligro. Tiene que proteger las vidas de los negros, no perpetuar y empeorar los daños raciales. Tiene que conducirse legal y constitucionalmente, estar comprometida y ser efectiva en gobernar su propio mal comportamiento y ser responsable. Eso no es lo que la gente está viendo. La gente está diciendo, “basta”. Esto es justo lo que ha pasado en Minneapolis, donde el Consejo de la Ciudad votó para eliminar el Departamento de Policía de Minneapolis. “Ninguna cantidad de reformas prevendrá la violencia letal y el abuso por parte de algunos miembros del Departamento de policía contra miembros de nuestra comunidad, especialmente gente negra y tenge de color”, dijo el Consejo.

Pare un momento y observe cómo de fácil -si usted es como la mayoría de nosotros- tomar lo que dijo el consejo y seguir leyendo. Ninguna cantidad de reformas prevendrá la violencia letal. Un brazo de tu gobierno te matará, y nosotros -también tu gobierno, no podemos pararlo. Matarte. “Reconocemos que el actual sistema no es reformable, que nos gustaría poner fin al sistema policial actual tal y como lo conocemos”, dijo la miembro del Consejo Alondra Cano. Esto es lo que ha llevado a “desfinanciar a la policía” del eslogan de defensa y la aspiración que era hace menos de un mes, al centro del discurso americano y a la nueva realidad de averiguar lo que eso podría significar.

Desfinanciar a la policía

Bajo las mejores circunstancias, siempre habrá un espacio irreductible para el poder del Estado en la seguridad pública. Eso no es solamente afrontar los hechos, es algo bueno. Es el núcleo del contrato social. La disponibilidad de ese poder para las comunidades significa que no están solas y que no tienen que depender solo de sus propias capacidades para estar seguras. Esto significa que pueden conseguir ayuda y protección cuando la necesiten, que los potenciales peligrosos y violentos lo saben y se contienen, y que el uso de la violencia privada no tiene por qué arriesgarse a caer en la facción, la represalia y la venganza.

No proteger a las comunidades es desastroso (Not so protecting communities is disastrous). El etnógrafo de Yale Elijah Anderson explica que el “código de la calle” que, frente a una mala policía, genera mucha violencia comunitaria: si me faltas al respeto tengo que herirte, si hieres a mi amigo tengo que tomar represalias, no vamos a la policía a por ayuda. “La falta de responsabilidad de la policía se ha incorporado, de hecho, al sistema de estatus (status system): la persona que se cree capaz de ‘cuidar de sí misma’ se le cierta deferencia, lo que se traduce en un sentido físico y psicológico”, escribe. “Así, el código de la calle surge cuando la influencia de la policía termina y la responsabilidad por la seguridad de uno mismo empieza a sentirse”. La gente que no es protegida por el Estado hará lo que tengan que hacer para protegerse: la investigación reciente de Michael Sierra-Arévalo encontró que las percepciones negativas de la policía en comunidades marginales estaban asociadas a mayores tasas de posesión ilegal de armas de fuego. Las mujeres maltratadas llaman a la policía, llaman a la policía, llaman a la policía, y no reciben ayuda. Algunas de ellas acabarán final y desesperadamente matando a sus agresores y yendo a prisión. En muchos barrios negros, existe una impunidad efectiva para los homicidios; la tasa de liquidación de los homicidios de Chicago que involucran a víctimas negras es inferior al 22 por ciento, menos de la mitad que la de los blancos. El periodista David Bernstein observó los tiroteos no fatales en Boston y encontró que un asombroso 96 por ciento no se resolvió. Jill Leovy, en su brillante libro Ghettoside, señala el simple pero abrasador punto de que las autoridades han abandonado a la América negra a la violencia. “Cuando se permite a los violentos operar con impunidad, se salen con la suya”, nos cuenta Leovy. “Ningún sentimiento de ‘comunidad’ o activismo puede eclipsar esta dinámica… Para eso está el sistema de justicia penal”.

Pero es completamente realista reconocer el “irreductible” papel del poder del Estado, y abogar y luchar por “reducirlo todo lo posible”. La capacidad coercitiva del Estado debería ser bienvenida a los ojos del público, hacer el menor daño posible y dar a las comunidades las protecciones que desean de la manera que desean. Debe estar informada por la terrible historia racista de América, y configurada de manera que no perpetúe esos daños.

Cuanto más se ajuste a esos estándares, más legítima será esa función, y menos habrá que utilizarla. La América negra está excesivamente vigilada y poco protegida. Los jóvenes negros son parados rutinariamente simplemente por caminar por la calle, mientras que en los mismos barrios, los asesinos quedan libres. En el trabajo de prevención de la violencia de mi organización, le decimos a la policía: las comunidades necesitan de la policía (policing). No necesitan la labor policial (policing) que han estado recibiendo.

Lo que eso significa en el momento actual no está del todo claro y no lo estará en un futuro inmediato. Después de la votación del Consejo en Minneapolis, un grupo de activistas destacados condenó al Consejo por actuar tan rápidamente sin consultar a la comunidad y mostraron su apoyo al jefe de Policía Medaria Arradando. Uno de ellos dijo “podemos decir que necesitamos una policía comunitaria y decir que vamos a trabajar con el Departamento de Policía de Minneapolis”. La ciudad no puede eliminar, de hecho, el departamento sin el estatuto que requiera la aprobación de los votantes, y ha anunciado un proceso de un año para repensar la seguridad pública en la ciudad. Nueva York y Los Ángeles se han comprometido a retirar dinero de sus departamentos de policía sin muchos más detalles.

“Desfinanciar” es mucho más un grito de guerra, una aspiración, y una dirección que un verdadero mapa de carreteras. Nadie está sugiriendo que hay un interruptor de luz para ser encendido hoy y así mañana no habrá policía. Las respuestas probablemente se verán diferentes según las necesidades de las diferentes comunidades. Y como su primo cercano, la “abolición”, muchos defensores dicen que tiene que haber un proceso a lo largo del tiempo para acercarse lo más cercano posible al final del trabajo policial.

Ese es un objetivo con el que nadie debería tener problemas. La labor policial es la aplicación del poder coercitivo del Estado para producir seguridad pública. Deberíamos querer la menor aplicación posible de ese poder. Debería producirse la mayor seguridad pública posible mediante comunidades sanas, equidad, progreso deliberativo lejos del racismo y otros sesgos, una economía fuerte e inclusiva, educación, oportunidad, apoyo a los niños y las familias. La mala labor policial daña el tejido de las comunidades, perjudica a las familias, aleja a los padres de sus hijos, fracasa en producir seguridad en cuyas comunidades y economías pueden prosperar y aleja a las personas de lo que debería ser su democracia. Nadie quiere eso.

La violencia es un tema crítico al pensar en cualquier camino realista para reinventar la seguridad pública. En el debate público nacional sobre el encarcelamiento masivo, ha habido durante mucho tiempo una feliz ficción acerca de que las prisiones están llenas de delincuentes de drogas no violentos, y que el simple hecho de parar la guerra de la droga resolverá el problema de las prisiones. De hecho, la mitad de los condenados están ahí por crímenes violentos. No podemos solucionar el sistema de prisión sin tomarnos la violencia en serio. Del mismo modo, no podemos lidiar de forma realista con la policía sin tomarnos en serio la violencia. Esto es crucial. Los homicidios y la violencia con armas de fuego afectan de manera desproporcionada a las comunidades negras de América. Han sido abandonados a ello para siempre; es inadmisible y no puede continuar.

Pero la mayoría de la labor policial no trata de violencia y delitos graves, ni siquiera de delitos en absoluto. El trabajo de la policía es abrumadoramente sobre personas que están en apuros, en conflicto, enfadadas, confundidas, perdidas y necesitadas de ayuda. Esto siempre ha sido verdad. En un estudio realizado en 1980 en Nueva York, cuando la ciudad era una de las más peligrosas del país, los agentes de patrulla de una comisaría recibieron casi 60.000 llamadas, menos de un tercio de las cuales lo fueron por cualquier tipo de delito. Solo la mitad de esas llamadas que parecían estar relacionadas con el crimen podían ser por delitos graves, y los agentes hacían menos de mil arrestos por delitos graves.

Pero en décadas recientes, las decisiones políticas han retirado el apoyo social de donde se necesitaba, y ha puesto en su lugar a la policía. La policía no cerró las instituciones mentales y se negó a reemplazarlas con otra cosa, ni desfinanció a los consejeros escolares y los programas extracurriculares, ni cerró los centros comunitarios y los programas de trabajo de verano. Ellos no están tomando las decisiones que hacen que el tratamiento con opiáceos sea tan escaso en una epidemia nacional. Pero reciben la llamada cuando el vagabundo con un diagnóstico dual[1] (dual-diagnosis) se descompensa, se ubican en la escuela de secundaria para hacer cumplir estúpidas leyes de “tolerancia cero” que la legislatura estatal aprobó, responden cuando los vecinos llaman porque hay niños haciendo ruido a la una de la mañana, e inyectan la Naloxona cuando un drogodependiente tiene una sobredosis por tercera vez en una semana. Un amigo mío dice que “La policía no es la primera en responder”. “Ellos son solo los últimos en pie”. La policía odia esto, no se inscribieron para esto y no son buenos en ello. Lo que es más, saben que no tienen recursos para ello. Mover el dinero a donde se necesita tiene todo el sentido. Y un pequeño número de programas alternativos de primera respuesta ya reemplazan a la policía con el apoyo comunitario y los equipos de trabajo para manejar emergencias no criminales como sobredosis y crisis entre la gente sin hogar. Eugene, la organización de Asistencia en crisis de Oregon y ayuda en las calles (CAHOOTS) se encarga de casi el veinte por ciento de las llamadas de la ciudad a costa de un pequeño porcentaje del presupuesto del departamento de policía.

La violencia permanece. La perenne alternativa favorita a la policía y las prisiones es quitarle dinero a la parte trasera, es decir, al sistema de justicia penal, para invertir en el tratamiento de las “causas de fondo”: en el apoyo a la familia, educación, programas para gente joven, atención sanitaria, el desarrollo económico. Deberíamos hacer eso, como una cuestión de equidad y justicia, pero la dura verdad es que, como alternativa a la labor policial, no es ni de cerca la panacea que la gente quiere. En el mejor de los casos, esos cambios son lentos: mejorar las cosas para los niños que entran hoy en la escuela, y el impacto en, digamos, la violencia no se notará hasta dentro de una década o más, cuando esos niños entren en los años de riesgo. Los programas de prevención en torno a, por ejemplo, bandas se han intentado durante generaciones; las evaluaciones muestran un fracaso casi total. El bienestar económico no es un aislante contra el mal comportamiento grave: gente rica pega a sus mujeres, viola a sus citas, y abusa de sus hijos (y vende y consume más drogas que la gente pobre: las drogas cuestan dinero). Y hay evidencia de que la mejora económica no reduce el crimen en las comunidades en las que sigue existiendo un nivel mínimo de creencia en la ilegitimidad de la policía. Los académicos David Kirk y Andrew Papachristos encontraron que los homicidios empeoraron en ciertos barrios de Chicago incluso cuando las condiciones económicas esenciales mejoraron. Escribieron que “afirmamos que cuando se percibe que la ley no está disponible, por ejemplo, cuando llamar a la policía no es una opción viable para remediar los problemas de uno, los individuos pueden resolver sus quejas por sus propios medios, que pueden incluir la violencia”.

Afortunadamente, es evidente que las inversiones en la prevención de la violencia con objetivos más específicos funcionan. El sociólogo Patrick Sharkey ha mostrado que las organizaciones comunitarias sin fines de lucro contra la violencia reducen, con el tiempo, tanto la violencia como los delitos contra la propiedad. La violencia comunitaria es llevada a cabo de manera abrumadora por un número muy pequeño de gente que corren un riesgo astronómico tanto de ser víctimas como de delinquir. Las intervenciones en las calles de los “mensajeros creíbles” centradas en esas personas suelen tener un impacto (aunque a veces han demostrado que empeoran las cosas, lo que podría solucionarse con una implementación cuidadosa. Los programas que identifican y luego rodean a este número pequeño de personas con un apoyo intensivo y personalizado, como la iniciativa “Advance Peace” que se originó en Richmond, California, pueden marcar una gran diferencia. En la ciudad de Nueva York, la Oficina del Alcalde para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego apoya a una red de organizaciones comunitarias que llevan a cabo la planificación de la seguridad de la comunidad, promueve la no violencia, interviene en los ciclos de represalias en las calles que conducen a la violencia, y proporcionan atención para informar sobre traumas (trauma-informed care). Es casi seguro que una gran parte de la razón por la que Nueva York es ahora la ciudad más segura del país, y continua haciéndose más segura incluso cuando las paradas de los policías, arrestos y el número de personas que la ciudad envía a la cárcel y a la prisión se han desplomado.

Algunos de los enfoques más eficaces para la prevención de la violencia dependen fundamentalmente de un papel diferente en la labor policial. Las intervenciones de disuasión focalizadas de las que he participado reuniendo a las fuerzas del orden, agentes comunitarios y los proveedores de servicios para detener la violencia entre ese pequeño número de personas con niveles de riesgo altos de manera que puedan ser drásticamente eficaces, lo que reduce en gran medida la necesidad de aplicar efectivamente la ley y crea legitimidad. La Asociación para la Seguridad de la Comunidad del LAPD coloca a un número muy reducido de agentes en lo que antes eran viviendas públicas peligrosas para que trabajen con la comunidad con el fin de prevenir la violencia sin hacer detenciones. La violencia ha disminuido y, es un marcador clave de la legitimidad, el escaso homicidio que queda se resuelve casi inmediatamente gracias al apoyo de la comunidad. La iniciativa PIVOT, ensayada en Cincinnati, utiliza las habilidades de investigación de la policía para desentrañar los problemas de violencia en la comunidad, y luego traslada esa evaluación a otros organismos de la ciudad para facilitar intervenciones no policiales. Todos estos enfoques se oponen a los tipos de policía despilfarradora e indiferente que vilipendian a las comunidades negras, las saturan con la aplicación de la ley, facilitan la parcialidad y la desproporcionalidad, llena el conducto de la prisión y crean interminables contactos policiales que pueden salir tan terriblemente mal.

En todo esto, dondequiera que vaya la policía, donde quiera que termine, y como quiera que llegue, la responsabilidad medible es la clave. El uso de la fuerza por parte de la policía, en particular la violencia letal, debería ser rastreado tanto a nivel nacional como local, y avanzar constantemente. El mal comportamiento de la policía debería ser definido, rastreado, y se debe reducir constantemente. Las quejas contra la policía deberían ser reportadas y se debería actuar en consecuencia. Los policías abusivos deberían perder sus trabajos. La legitimidad debería monitoreada sistemáticamente: Si McDonald’s puede gestionarse evaluando las actitudes de los clientes, también puede hacerlo la policía.

Estamos donde estamos porque la policía ha sido ingobernable. Uno de los signos más alentadores de las últimas semanas ha sido un cambio tectónico en la impunidad y las protecciones que lo han mantenido así. Los agentes que mataron a George Floyd fueron despedidos en pocos días. La rapidez fue posible gracias a los cambios en la política departamental, puestos en marcha tras el tiroteo policial de 2015 de Jamar Clark, que ordenó el respeto a la vida y el deber de intervenir. Los cuatro agentes involucrados en el asesinato de Floyd han sido acusados penalmente, al igual que el agente que disparó a Rayshard Brooks en Atlanta. En el Estado de Nueva York, la legislatura ha tipificado como delito los estrangulamientos, ha facultado oficialmente al Fiscal General del Estado para investigar los asesinatos policiales de civiles desarmados y ha puesto fin a las medidas que habían impedido la divulgación de los expedientes disciplinarios de la policía. El Fiscal General de New Jersey ha ordenado a los departamentos a publicar listas anuales de los agentes despedidos, degradados o disciplinados por mala conducta. El Fiscal General de California está proponiendo medidas para descertificar a los agentes culpables de mala conducta para que no puedan trabajar en ningún lugar del estado. La atención se centra en las medidas que, por ejemplo, permiten que los árbitros no responsables hagan que los departamentos retiren a los funcionarios que han despedido por mala conducta.

La mayoría de este tipo de reformas solo pueden ocurrir a través del proceso político y está claro que ese terreno está cambiando. En Nueva York, los legisladores republicanos, tradicionalmente en sintonía con los sindicatos de la policía, votaron con los demócratas para impulsar la reforma de la legislación. Los sindicatos de la policía han sido baluartes contra la reforma, pero el presidente de la AFL-CIO de Minnesota, Bill McCarthy, acaba de pedir la dimisión del jefe del sindicato de Minneapolis, Bob Kroll. “Los sindicatos existen para proteger a los trabajadores que han sido perjudicados, no para mantener a personas violentas en las filas de la policía” dijo McCarthy. Tres sindicatos de policía de California han publicado un plan de reforma policial para “erradicar [a los agentes racistas] de la profesión de la policía”. Las principales organizaciones policiales han adoptado posiciones sin precedentes contra la violencia policial. Y para la policía que se ha organizado y ha sido capaz de oponerse a la rendición de cuentas, el movimiento de desfinanciación tiene lo que debería ser una lección inequívoca. El movimiento del Consejo de la Ciudad de Minneapolis para eliminar el departamento dice: Pensaste que tenías un monopolio. Estás equivocado. ¿No vas a cambiar? Podemos deshacernos de ti y lo haremos. Los movimientos instantáneos de otras ciudades para sacar dinero de los presupuestos de la policía son una versión menor de lo mismo y un disparo de advertencia. Dondequiera que estén sus mentes y corazones, los agentes con un ojo en sus propios intereses deberían prestar atención.

El clamor nacional tiene toda la razón: no puedes tratarnos así. No lo toleraremos. Hay un paralelismo reciente. Durante la última década, más o menos, desde una posición inicial de profunda polarización, ha surgido un consenso bipartidista de que otra característica esencial de la justicia penal moderna, el encarcelamiento masivo, es fundamentalmente errónea. Hacer justicia penal de una forma que encarcela a un gran número de personas, con una desproporción racial masiva, y que causa un daño incalculable a las personas, familias y comunidades ha empezado a considerarse moralmente incorrecto, profundamente perjudicial y contrario a lo que los Estados Unidos debería representar como nación. La comprensión de esto no ha llevado directamente a saber qué hacer para arreglarlo. Aun así, ha reajustado el marco alrededor de la prisión y el encarcelamiento y ha movido al país en direcciones completamente diferentes. Los conservadores de los Estados rojos han estado en el corazón de muchos de estos cambios. Lo mismo está sucediendo ahora, y debería estar sucediendo, sobre la policía.

Los poderes y estructuras de la nación siempre han sido utilizados para dañar a los negros. La policía siempre ha estado a la vanguardia para hacer ese daño. No puede continuar. Hay una enorme cantidad de trabajo por hacer. Lo que está claro es que la nación se encuentra en un lugar diferente en el que se encontraba hace un momento. Esto es algo muy, muy bueno.

[1] Este trabajo ha sido publicado previamente en inglés en la página web de Niskaen Center. Puede consultarse el original en: https://www.niskanencenter.org/state-violence-legitimacy-and-the-path-to-true-public-safety/

 Asimismo, el presente trabajo excede del límite de palabras permitido en la sección de MINIPAPERS, pero dada la relevancia del comentario, del autor y de la temática se ha decidido por los editores mantener la extensión original del artículo.

[2] Nota de la traductora: el diagnóstico dual hace referencia a la concurrencia en una persona de una enfermedad mental y un problema con el abuso de sustancias como el alcohol y/o las drogas.